La imposible devaluación de la moneda en los países del sur de Europa, al
ser la misma para toda la
Unión Monetaria, ha forzado un ajuste salarial que
respondiera a la riqueza real de la región. Mientras las devaluaciones de la
moneda, cuando se podían hacer, afectaban por igual a todos los asalariados y,
si se quiere, al conjunto de los recursos económicos denominados en la moneda
del país que devaluaba, esta última crisis ha forzado una devaluación muy
desigual que ha afectado principalmente a las condiciones laborales. Las
consecuencias más graves han sido los parados. Ante la imposibilidad de reducir
los costes laborales se ha recurrido a los despidos colectivos. Estos se han
sumado a las quiebras de las empresas, y el resultado es un índice de paro
propio de una verdadera catástrofe social.
Debido a los cambios de la legislación laboral flexibilizando la
contratación y el propio marco de relaciones con los trabajadores, en el
momento actual, podemos hablar de una dualización de las condiciones laborales.
Muchas somos las personas que mantenemos una estabilidad, unas garantías en
caso de despido individual, unos salarios que han perdido poder adquisitivo
pero que mayoritariamente son dignos. Paralelamente, sin embargo, emergen
nuevas contrataciones mucho más precarias fruto de la nueva legislación y, cada
vez más, de un colectivo en el que quisiéramos fijar la atención, el de los
trabajadores por cuenta de empresas y organizaciones a las que se subcontratan
servicios.
Crece el colectivo de profesionales, prácticamente invisible para los medios
de comunicación, que presta sus servicios a través de un tercero. Los ejemplos
más conocidos podrían ser el personal de limpieza o de seguridad, pero se ha
ido extendiendo mucho en el ámbito de los servicios públicos a las personas.
Estos profesionales atienden a colectivos muy sensibles, como pueden ser la
infancia, las personas mayores, las personas con discapacidades y con riesgo de
exclusión social. Son los cuidadores de integración en las escuelas,
trabajadores familiares al servicio de la gente mayor dependiente, monitores de
comedor, educadores de calle o de centros abiertos, educadoras de guarderías,
dinamizadores de centros cívicos, sociales y para la gente mayor... Suelen ser
servicios de titularidad pública que, por las restricciones presupuestarias y
para abaratar progresivamente, salen a concurso de gestión anualmente con un
presupuesto menor o igual. En un entorno con tan poca actividad económica
siempre se encuentra un "operador" dispuesto a ofrecer más por menos,
a costa fundamentalmente de los equipos humanos.
Cada vez más se ven en estos servicios condiciones que pueden vulnerar los
derechos de los trabajadores y rebajas continuadas de jornada. Abaratan los
salarios sin que quien lo padece tenga apenas la posibilidad de expresar su
disconformidad por la precariedad de la relación laboral. Se exige un nivel de
calidad en el trabajo difícil de ofrecer desde la inestabilidad laboral, desde los
cambios anuales de criterio debidos a los cambios en las condiciones económicas
y de organización adjudicataria y, con ella, de las personas de referencia.
Se les pide la correcta ejecución de trabajos nada fáciles como el refuerzo
escolar de niños que vienen de la escuela con unos déficits significativos de
aprendizaje, con una jornada laboral de preparación cada vez menor y sin la
mínima seguridad del puesto de trabajo para el año siguiente.
Es razonable el modelo de gestión de externalización de servicios. Hay que
admitir la falta de recursos del empleador, pero hay que poner límites a las
condiciones que se están exigiendo. Hay que estabilizar las condiciones de los
servicios, los ámbitos que es posible abarcar con presupuestos más reducidos y
la duración mínima de 3 a
5 años de las adjudicaciones. No tiene sentido querer atender lo mismo, o más,
con menos recursos porque en muchas ocasiones sencillamente no es posible.
El redimensionamiento es comprensible, incluso la exigencia de atender a más
personas, pero es necesaria la estabilidad de criterios y de organizaciones
gestoras. La administración debe poder tomar el compromiso de la plurienalidad
ahora que ya conoce los nuevos límites presupuestarios con los que debe actuar.
Y debe tomar conciencia de que también es posible cuando estas
externalizaciones se hacen en entidades sociales no lucrativas, dándoles margen
de maniobra para trabajar desde la complicidad, la cercanía y el buen trato a
los equipos humanos. La falta de recursos no debería eximir de asumir las
responsabilidades pensando en las personas, tanto beneficiarios como
prestadores de los servicios
Fuente: La
Vanguardia
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08.12.13
